Al producirse la tragedia las autoridades municipales y autonómicas se volcaron con los afectados. Los políticos se hicieron la foto en el siniestro y prometieron ante los medios de comunicación que el bloque se levantaría de nuevo en breve tiempo. Y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) anunció 11 días después de la tragedia que en octubre finalizaría el proyecto del nuevo edificio. El Ayuntamiento, que ofreció alojamiento temporal a los afectados - que pocos utilizaron porque se refugiaron con familiares- , ha pagado estos tres años los pisos de alquiler para los vecinos y la Junta ha construido el nuevo bloque. Las administraciones han cumplido, pero existe marejada de fondo y la sintonía, buena al principio, se rompió. El problema llegó justo al año de la tragedia, cuando tres vecinos que vivían en el edificio Octógono de Bami, Francisco Alcántara, Manuel Álvarez y Antonio Cambrollé, fueron avisados de que a final de agosto tenían que abandonar los pisos porque el dueño no renovaba el contrato, a causa de que el Ayuntamiento llevaba cinco meses sin abonar el alquiler. Para colmo no se encontraban nuevos pisos para alojarlos, aunque al final todo se arregló. Pero ya las cosas no fueron nunca como antes. Hubo personal municipal que dijo a los afectados que la culpa de todo la tenían ellos «por haber avisado a la prensa». Además aún no había comenzado la obra del nuevo bloque y Obras Públicas anunció que los afectados tendrían que pagar 56.000 euros por los pisos. Los concejales del PP apoyaron las reivindicaciones de los afectados y eso complicó aún más las cosas de cara a las administraciones socialistas. Los afectados denunciaban que se pagó 42.000 euros a los chabolistas desalojados de Bermejales y que no era justo que la Junta quisiera sacar beneficio económico del bloque siniestrado. El Comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, actuó como mediador en el asunto y el alcalde incluso ofreció el año pasado los servicios de Otainsa a los afectados. Al final todo se arregló satisfactoriamente.
