La salud mental de la población penitenciaria española presenta determinadas peculiaridades que invitan a una revisión de la psiquiatría penitenciaria, cuestión que se aborda en el XI Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebra en Santiago de Compostela entre los días 25 y 28 de septiembre de 2007. Como punto de partida ha de considerarse que la prevalencia de los trastornos mentales en los reclusos es más elevada que en la población general. Entre la población carcelaria hay entre 2 y 4 veces más probabilidades de sufrir un cuadro psicótico y una depresión mayor que en la población general, y este mismo grupo multiplica por diez el riesgo de presentar un trastorno antisocial de la personalidad.
Desde esta consideración, Vicente Tort Herrando, coordinador de la Unidad Polivalente de Psiquiatría de Sant Joan de DeuSSM en el Centro Penitenciario Quatre Camins, ha presidido una mesa que lleva por título Retos actuales en psiquiatría penitenciaria. A su juicio, la situación de la psiquiatría penitenciaria en España presenta varios retos por lo que respecta a su desarrollo. Desde el punto de vista asistencial destaca la labor que deberían ejercer los médicos de los módulos residenciales de los centros penitenciarios en la detección y tratamiento de casos leves y la derivación de los casos más complicados a los servicios psiquiátricos. En la mesa han estado presentes el director del Área Psiquiátrica Penitenciaria de Barcelona de Sant Joan de DeuSSM, Francisco Pérez Arnau; el coordinador de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de Cataluña, Álvaro Muro; y Joan Lluch, del centro penitenciario Ponent de Lérida y psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
Otra de las cuestiones puestas sobre la mesa hace referencia a cómo debieran ser estos servicios psiquiátricos - desde la interconsulta hasta los que precisen un ingreso hospitalario en los casos más agudos y graves- y qué hacer con los casos que precisan un seguimiento a largo plazo. En resumidas cuentas, proponen los expertos, se trataría de modernizar la psiquiatría penitenciaria y situarla al mismo nivel que la que se ofrece al resto de ciudadanos.
Este simposio contó con la presencia de diversos profesionales que realizan un trabajo continuado con estos pacientes. El proyecto abarca tanto a los profesionales que realizan labores de consultores, así como dos modelos de tratamiento hospitalario, uno sobre un tratamiento psiquiátrico de las medidas de seguridad y el otro sobre un tratamiento desde un punto de vista más clínico, con independencia de la situación penal del recluso. La mesa se completó con una ponencia de Francisco Pérez Arnau, sobre la red actual de psiquiatría penitenciaria en Cataluña y sobre las perspectivas futuras que comprenden la organización de nuevos servicios psiquiátricos y una mayor especificidad en la asistencia prestada.
En la actualidad, está en marcha un estudio FIS sobre la prevalencia del trastorno mental en unos 750 internos de las cárceles españolas, que esta en fase de recogida de datos y análisis, y que, a juicio del experto, ofrecerá unos datos más cercanos a la realidad en lo que respecta a los centros penitenciarios en España.
En su diagnóstico de la situación, Vicente Tort y Francisco Pérez Arnau entienden que existe un interés para dotar de más recursos a nivel asistencial, ya que, al asumir las Comunidades Autónomas la Sanidad y traspasarse la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud, han de asumirse los reclusos con patologías psiquiátricas mediante una atención similar a la psiquiatría civil.
En la actualidad, advierte el presidente de la mesa, la asistencia psiquiátrica en las cárceles españolas es muy dispar. En cualquier caso, uno de los retos más importantes es la formación de profesionales de la salud mental - no sólo de psiquiatras- en la atención del trastorno mental en las cárceles. La mayoría de residentes de Psiquiatría y Psicología Clínica desconocen las posibilidades de realizar rotaciones en ámbitos penitenciarios; y la ausencia de programas específicos de formación en Psiquiatría penitenciaria hace que la mayoría de psiquiatras aprendan por propia experiencia más que por una formación reglada y que ésta incluya desde aspectos de valoración y gestión del riesgo hasta aspectos éticos y sociales como el estigma, aspecto que se incrementa en las cárceles.
A su entender, la apertura de la psiquiatría penitenciaria a la investigación y docencia crearía un mayor entendimiento de los psiquiatras en general, que verían la necesidad de la asistencia con el fin de impedir que un sector de la población de alto riesgo de sufrir trastornos mentales quede sin la posibilidad de un tratamiento adecuado.
Respecto a las medidas de seguridad, en el caso de aquellas personas cuya sentencia incluye un ingreso en un centro psiquiátrico, seria ideal poseer recursos con un número adecuado de personal sanitario y contar con un recursos asistenciales comunitarios extrapenitenciarios que favorecieran una externalización de los pacientes con las mayores posibilidades de una rehabilitación y reinserción más adecuada a la sociedad.
Otro aspecto a reseñar es la actividad pericial. En muchas ocasiones los peritajes están realizados por médicos no psiquiatras (forenses) que poseen una variabilidad excesiva en sus apreciaciones, formación e interés en el ámbito psiquiátrico. Lo idóneo es que fuesen realizadas por equipos psiquiátricos especializados en este tipo de valoraciones, lo que comprendería diagnósticos más precisos y recomendaciones terapéuticas más adecuadas. En ocasiones se utilizan los psiquiatras de la red pública para realizar informes clínicos (pseudopericiales) con fines judiciales, obligándoles a atender a juicios bajo el titulo de testigos expertos.
Desde esta perspectiva, Vicente Tort y Francisco Pérez Arnau comprenden que es imprescindible una mayor colaboración con el sistema judicial y penitenciario, ya que existe una cierta incomprensión y malentendidos entre los psiquiatras y jueces que, a veces, sólo entorpece la mejor asistencia para el paciente. Asimismo, es necesaria más colaboración entre los psiquiatras penitenciarios y los servicios psiquiátricos y sociales de las redes publicas de salud.
