Alberto López Rocha, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER), ha afirmado en Bilbao durante la presentación del VII Congreso Nacional de la sociedad científica que dirige, que la actual baremación del grado de dependencia de los ancianos institucionalizados en residencias no es la más adecuada cuando estamos hablando de personas mayores. Así, el presidente de la SEMER se ha preguntado por qué los trabajadores sociales, sin menospreciar su trabajo, están analizando desde despachos la baremación de los ancianos institucionalizados en residencias, cuando los que saben realmente cómo están los ancianos de las residencias somos los médicos que estamos junto a ellos.
López Rocha manifestó que a pesar de nuestra insistencia y de las cartas que hemos dirigido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no se ha contado en ningún momento con los médicos de las residencias, que somos los profesionales que estamos encima de las personas mayores y que estamos en contacto más directo con ellos y con sus familiares.
Paralización de la Ley de Dependencia
En cuanto a la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia, el presidente de la SEMER reclamó la puesta en marcha de la ley, ya que, según sostuvo, está todo paralizado por la falta de recursos económicos. Una vez que las Comunidades Autónomas han empezado a cuantificar el número de grandes dependientes que tienen que, evidentemente, una gran parte de ellos son los ancianos institucionalizados en residencias, se está a la espera nuevos pasos por parte del Ministerio de Asuntos Sociales para la obtención de subvenciones.
Lo que están haciendo las Comunidades Autónomas actualmente es cumplir unos objetivos políticos al estimar el número de grandes dependientes que tienen. Esto lo han hecho porque la mitad de la subvención vendrá del Gobierno central y por consiguiente ellos se van a poder ahorrar esa mitad que actualmente están pagando, ya que en estos momentos las Comunidades Autónomas subvencionan el 100% de sus grandes dependientes. Las Comunidades Autónomas se pueden echar la culpa unas a otras, pero la realidad es que está todo paralizado y todos entendemos que es por falta de recursos económicos.
Según López Rocha, han sacado adelante una Ley sin haber tenido en cuenta de cuánto se iba a disponer y de realmente cómo se iba a baremar, es decir, que se ha ido ejecutando todo sobre la marcha. También se refirió a la lentitud del proceso de aplicación de la ley, porque desde primeros de año han pasado ya diez meses y todavía no se ha hecho nada en este sentido, excepto determinar el número de grandes dependientes.
Diferentes baremos y migración de dependientes
Cada baremación del grado de dependencia, y por consiguiente de la ayuda con que se va a contar, es diferente en cada Comunidad Autónoma aunque parten de una serie de criterios comunes. Después cada Comunidad Autónoma puede ser más o menos estricta a la hora de baremar. Si una persona está, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿por qué es diferente su baremación en la Comunidad Valenciana con respecto a la que obtendría en el País Vasco, en Cataluña o en Madrid? La dependencia de esa persona es la misma independientemente de dónde esté. Para el presidente de la SEMER se hace difícil comprender por qué en una comunidad esa persona va a obtener una puntuación y en otra comunidad que, por ejemplo puede ser limítrofe, puede obtener una puntuación diferente y, consecuentemente, una cuantía de ayudas diferentes.
López Rocha abogó por unificar el criterio de baremación en todas las Comunidades Autónomas del Estado con el fin de evitar que se produzcan desplazamientos de grandes dependientes por todo el territorio nacional y entre unas comunidades y otras. Quiso advertir de que se puede dar el caso de que las personas dependientes pueden decir que, aprovechando que tengo un familiar en otra comunidad autónoma en la que sé que me van a dar más puntos, me voy a vivir con él, estoy unos meses allí y obtengo así una subvención más alta que la que obtendría en mi comunidad de origen. Creemos que esta posibilidad es real y no ha sido tenida muy en consideración a la hora de elaborar la ley.
Falta de implicación del Ministerio de Sanidad
López Rocha se refirió a otro aspecto importante consistente en que varios artículos de la Ley de Dependencia piden la colaboración del Ministerio de Sanidad, y, hasta ahora, no se ve por ningún sitio. Todas estas personas, realmente lo que necesitan es una asistencia social y, además, sanitaria, es decir, que es mixta, de ambos ministerios. Por lo expuesto anteriormente, el experto se preguntó por qué está implicado solamente el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Sanidad permanece, en cierta medida, al margen.
Esta opinión la hizo extensiva a las consejerías de Sanidad de la Comunidades Autónomas, a las que también achacó el mantenerse al margen del desarrollo de la Ley de Dependencia. La Ley de Dependencia recoge que es una labor socio- sanitaria pero realmente no están involucradas ni las consejerías de Sanidad ni el Ministerio de Sanidad, solamente Asuntos Sociales.
Por último, el presidente de la SEMER afirmó que hay todavía muchas lagunas que resolver dentro de la ley, y creo que en lo que queda de año, salvo que estén planeando algo inesperado, y como preparación de la época electoral, seguirá todo paralizado.
