El europarlamentario de IU, Willy Meyer, pide a la Comisión de Pesca que valore el fuerte impacto social que tendrá la medida sobre la economía local
El eurodiputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Willy Meyer, ha elevado una preguntaa la Comisión Europea de Pesca relativa a la aprobación de la moratoria de pesca por diez años de la pesca de la angula en el Guadalquivir por parte de la Junta de Andalucía. Meyer pretende conocer si definitivamente dicha Comisión ha dado por válido el punto introducido por España en el Plan de Gestión de la Anguila que recoge dicha moratoria, así como la opinión de la Comisión sobre los efectos de esta medida.
Según recuerda Meyer, en el año 2007 se aprobó el reglamento por el que se establecían medidas para la recuperación de la población de anguila europea. En éste se pedía a los estados miembros que antes del 31 de diciembre 2008 comunicaran a la Comisión los planes de gestión de la anguila conformes al artículo 2 del mismo. El plan de gestión de España fue devuelto para que se subsanaran algunos aspectos técnicos y según la prensa fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 1 de Octubre de 2010. Sin embargo, el diputado afirma no haber encontrado que este punto esté incluido en las actas de las Comisiones del 29 de Septiembre, del 7 o del 12 de octubre.
En este sentido, el eurodiputado pide a la Comisión que confirme si se ha aprobado o no este plan y en caso de que se haya aprobado, plantea si no considera la Comisión que la aprobación de una medida tan drástica como la moratoria queda fuera de las medidas recogidas en el reglamento, si piensa la Comisión demandar información sobre el impacto socio-económico de esta moratoria, así como si no cree la Comisión oportuno que se cambie la moratoria por una regulación de la pesca que permita igualmente el escape mínimo de un 40% de las angulas adultas hacia el mar, objetivo último del reglamento.
Meyer denuncia que la medida de la Junta de Andalucía, además de no estar recogida dentro de las apuntadas como necesarias a implementar por el reglamento en su artículo 2, donde se habla de la reducción de la pesca y no de su prohibición, supone un ataque directo a una actividad económica que genera muchos puestos de trabajo en la zona.
Recuerda asimismo a la Comisión que esta actuación ha encontrado un fuerte rechazo por parte de ayuntamientos, pescadores y empresas dedicadas a la comercialización de la angula de la zona del río Guadalquivir, que, aunque ven necesaria una regulación de la pesca de la angula, hasta ahora inexistente, creen desproporcionada la implementación de una moratoria
