En estos últimos días estamos asistiendo a una oleada de mociones presentadas por Partido Popular en numerosos ayuntamientos para defender, según dicen, «el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos». Dicen también en las mociones, que no hay de qué preocuparse pues de lo que se trata es de «proteger ambas enseñanzas, pública y concertada, para que no haya merma de calidad en ninguna de ellas». Nos recuerdan que «los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos» y que por eso «el Estado debe protegerles y garantizarles este derecho básico».
Todas estas declaraciones, cargadas de demagogia, nos hacen saltar todo tipo de alarmas dado que bajo la excusa de la «libre elección», a la que es difícil resistirse, lo que de manera encubierta hay de verdad es un nuevo ataque más a la integridad de la escuela pública. La libertad de educación y de elección de centro es la bandera bajo la que se pretende esconder los discursos de la desigualdad, la manera de proteger el adoctrinamiento religioso que desde la escuela se viene ejerciendo con los menores y el suculento negocio que suponen las escuelas concertadas. Vuestra supuesta «libertad de elección» no es un derecho, lo que reclamáis en realidad es un privilegio, en tanto que para las familias sin recursos no existe esta opción. Lo que estáis posibilitando al potenciar dos modelos de escuelas es la segregación, y eso, ni es justo ni es democrático, simplemente es discriminatorio y por eso nos parece una aberración consentirlo.
Mociones como estas piensan en clave individual: «Elijo para mi hijo o mi hija la escuela donde pueda recibir la educación de mejor calidad», admitiéndose con ello que pueda haber otra de nivel inferior. Pero como institución es necesario pensar en clave colectiva: «Debemos crear un modelo de escuela capaz de ofrecer una educación de calidad al que toda la ciudadanía desee y pueda aspirar, una escuela PARA TODAS LAS PERSONAS donde tengan cabida no solo toda la diversidad cognitiva, sino también los inmigrantes, las personas homosexuales, transexuales, de otras religiones o de otras etnias. Pero eso no os gusta y por eso queréis una escuela segregada apartada de esta realidad «mundana», un submundo dentro del mundo real de la vida, una burbuja dentro de la cual atender a niños y niñas de familias con recursos económicos, que aprendan bien y rápido, mejor si son de piel blanca, que profesen la fe católica y procedentes de modelos de familias tradicionales, o «naturales».
Para quienes menosprecian y ningunean el valor de lo público, para quienes mercadean con servicios esenciales como la salud, la educación y servicios sociales básicos, esto será motivo de celebración; para quienes creemos en la necesidad de trabajar por el bien común desde las instituciones y el Estado, esto nos provoca un alto grado de indignación al pisotear la verdadera razón de ser de la escuela y que a continuación tratamos de explicar:
La educación es un derecho humano básico y universal que no va de conciencia, no va de creencias ni convicciones morales. La educación va de transmisión de conocimientos científicos, artísticos y culturales y por supuesto va de formación plena e integral como personas donde la educación emocional y en valores representan esa parte consustancial de la que ninguna educación que se precie puede prescindir. Va de estimular el pensamiento crítico y reflexivo, de aprender a convivir, cooperar, a ser personas justas, solidarias, tolerantes, asertivas, empáticas, a resolver los problemas de manera dialogada y pacífica, en definitiva va de ayudar a desplegar todo ese potencial por el que se nos apela con el calificativo de seres «humanos».
Siendo la educación un derecho fundamental de toda la ciudadanía, solo el Estado puede y debe garantizarla, siendo esta la única manera de asegurarnos que de verdad sea universal e igualitaria. Solo una Escuela Pública de calidad, coeducativa y para todos, garantiza la igualdad de oportunidades que nos permitirán alcanzar el mundo laboral en pie de igualdad. Lo demás serán privilegios que las clases pudientes disfrazarán de todas las formas posibles para tratar de ocultar sus verdaderas intenciones que no son otras que usar el dinero público para crear un espacio protegido y de confort donde educar cómodamente a sus hijos e hijas. Viene al caso recordar que la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) advierte que uno de los factores de mayor desigualdad en nuestro país reside en un sistema educativo como el que tenemos, que favorece, mediante los conciertos educativos, una segregación social e ideológica intolerable.
Es por todo esto que nos oponemos a mociones como esta al entender que mantener dos modelos de escolarización es una fuente directa de desigualdades fácilmente constatable a través de los siguientes datos contrastados:
1. Estamos asistiendo a un crecimiento de la red de centros concertados en detrimento de la red pública, provocando una privatización de la enseñanza que tiene como consecuencia más inmediata el cierre de líneas en centros públicos, mientras que las líneas en centros concertados no solo se mantienen, sino que además van en aumento: Solo en Andalucía, en el curso 2016/2017 se han cerrado 332 unidades de infantil y 82 de primaria. El curso pasado se eliminaron en Cádiz casi 150 líneas educativas. En El Puerto se eliminaron 10 unidades el pasado curso en la enseñanza pública por ninguna de la concertada.
2. Este doble modelo de escolarización está generando segregación y desigualdades ya que son los centros públicos quienes asumen casi en exclusiva la integración de los niños de clases desfavorecidas.
3. Esta desigualdad se ve acentuada con el pago de las tasas que las familias se ven obligadas a pagar en los centros concertados y que supone un claro hándicap para algunas familias que no pueden acceder a la elección de esta opción.
4. En los centros públicos, un 33% de los estudiantes provienen de entornos socioeconómicos humildes. En los privados y concertados, solo es el 7,5%.
5. Los centros concertados son un negocio mantenido con fondos públicos cuyos beneficios se ven incrementados gracias a los beneficios fiscales ya que no pagan IVA, lo que les supone un ahorro de alrededor de 1.500 millones de euros al año. En el caso de los colegios religiosos, además, tampoco pagan el IBI.
6) La Constitución establece la libertad de creación de centros docentes, aunque con ciertas limitaciones, pero en ningún modo se indica que su financiación deba ser pública. Por otra parte con la introducción de la asignatura de religión católica, desde los centros públicos queda garantizada «la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Erigirse ahora en los mayores defensores de la Constitución es mentir abusando de la desmemoria colectiva. No olvidemos que en los últimos años quienes la han modificado no han sido las formaciones políticas que ustedes califican de anticonstitucionalistas, sino su partido y los que consideran posibles socios constitucionalistas, y lo hicieron por el poco noble objetivo de perdonarle las deudas a la banca cuando hiciera falta. Seguramente en estos días estarán de acuerdo con nosotras y nosotros en que en la actual Constitución española se echa de menos artículos más específicos y contundentes en el tema del Medio Ambiente. Entonces ¿qué problema habría en reconocer que si el artículo sobre Educación genera polémica social deberá estudiarse la posibilidad de adaptarlo a la realidad actual y mejorarlo?
Desde la Marea Verde Local de El Puerto defendemos que la Educación pública es la única que garantiza el derecho a la educación de TODAS las personas, la única que favorece la integración social y la convivencia pacífica de todos los sectores de la sociedad, así como la equidad y la igualdad de oportunidades. Este bien común que es la educación, debe ser apoyada y potenciada de manera prioritaria y preferente desde las administraciones públicas,
Potenciar y favorecer la educación pública pasa necesariamente por impedir el cierre de unidades en la red pública, considerando esta cicunstancia como un verdadero atentado a la oferta educativa que la administración tiene la obligación de preservar y proteger.
Exigimos la paralización de este proceso de privatización inadmisible, la recuperación de las unidades perdidas, la dignificación de las condiciones del personal no docente – limpiador@s, monitor@s, etc… - y la renegociación de los criterios y la duración de los acuerdos con la red concertada para que esto deje de producirse.
POR UNA ESCUELA PÚBLICA, PLURAL, INCLUSIVA, DIVERSA, LAICA
Y DE TODAS Y PARA TODAS LAS PERSONAS
