El Grupo Municipal VOX Chipiona ha denunciado que el Ayuntamiento de Chipiona podría estar incurriendo en un caso de presunto fraude de ley ya que el cobro de retribuciones por parte del alcalde, Luis Mario Aparcero, por asistencia a Plenos, Juntas de Gobierno y comisiones Informativas podría ser incompatible con el cobro de su pensión de jubilación.
Así lo ha comunicado VOX Chipiona que además afirma que en el Pleno Extraordinario del pasado 23 de junio se abordaba la aprobación de las indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados, en el que el Equipo de Gobierno (UxCH e IU) acordaba una subida del sueldo del Alcalde de 450 euros mensuales.
Según denuncia VOX, la remuneración por asistencia a Órganos Colegiados y el cobro de la pensión que recibe el Alcalde son incompatibles entre sí conforme a lo dispuesto en los artículos 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 1.2 y 3.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y 165 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. También hacen referencia a la existencia de tres sentencias del TSJ de Madrid dictaminadas en los años 2020, 2021 y 2022 que así lo avalan.
Por ello, afirma VOX, solicitaron que se aplazara la votación hasta aclarar el asunto y, sin embargo, fue aprobado con los votos a favor de UxCH e IU, la abstención de PP y los votos en contra de PSOE y VOX, por lo que los concejales Javier Díaz y Agustín Jiménez, interpusieron un recurso a solicitando que se declarase nulo al considerar que Luis Mario Aparcero debería ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, renunciando a percibir su pensión de jubilación. Ahora, afirma VOX, la Secretaría General e Intervención de Fondos ha emitido un informe donde se estiman las alegaciones presentadas por VOX fundamentado en “la diferencia en los límites máximos que perciben los cargos públicos, ya que su fijación deberá efectuarse de forma racional y proporcionada, debiendo tener presente que su fijación desproporcionada puede encubrir una retribución y ser constitutiva de fraude de ley”.
El informe, aunque que da la razón a VOX, afirma la formación, no es concluyente, por lo que el portavoz municipal afirma que “VOX seguirá adelante con las acciones legales que sean necesarias para esclarecer si ha habido incompatibilidad en esos cobros, que podrían haber sido indebidos en la legislatura anterior 2019-2023 y, por lo tanto, tendrían que ser devueltos al pueblo de Chipiona”. Javier Díaz también afirma que “VOX siempre velará por los derechos de los ciudadanos y, en este caso, los vecinos de Chipiona deben conocer, con total transparencia, la situación que se ha puesto encima de la mesa y lo que ello conlleva”.
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