El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados considera que la Justicia "no ha mejorado en Andalucía en treinta años de autonomía", por lo que ha pedido a los Gobiernos central y regional "prioridad política para modernizar el funcionamiento de la maquinaria judicial".
El decano del Colegio de Abogados de Sevilla y portavoz del Consejo andaluz, José Joaquín Gallardo, ha dicho hoy a Efe que "en términos relativos, la Justicia no ha mejorado en Andalucía durante los treinta años de autonomía", que se conmemoran el próximo día 28.
Por ello, los abogados exigen a los poderes públicos que la Administración de Justicia "cuente con los medios humanos y materiales necesarios para prestar el servicio público judicial en condiciones aceptables para la ciudadanía".
La Comisión Permanente de esa institución, reunida este fin de semana en Antequera e integrada por los decanos de los once Colegios de Abogados andaluces -los ocho provinciales junto a los de Jerez, Lucena y Antequera- ha concluido que la situación actual es consecuencia de que en las tres últimas décadas "ninguno de los sucesivos Gobiernos, estatales y autonómicos, ha apostado decididamente por modernizar la Justicia".
Tampoco se han preocupado por adecuarla a las necesidades derivadas del "constante y progresivo incremento de asuntos judiciales que se viene produciendo desde la década de los ochenta".
Según el portavoz del Consejo, ese incremento de la litigiosidad es "lógica consecuencia de una sociedad donde el ciudadano reivindica cada vez más respeto para sus derechos, ante unos juzgados y tribunales que han de administrar justicia cada día con mayor insuficiencia de medios, menor calidad y mayores demoras en los tiempos de dar respuesta judicial".
Gallardo opina que la situación que actualmente padece la Justicia es "consecuencia directa del desinterés de los sucesivos Gobiernos centrales y autonómicos, que sistemáticamente han venido relegando la profunda reforma estructural, organizativa y funcional que necesita la Justicia".
A ello se une "la cicatería en la política de inversiones en medios humanos y materiales que también viene siendo tónica constante, tanto del Gobierno central como de la Junta desde que la comunidad autónoma recibió las transferencias en esas materias".