El diputado regional, Ignacio García, afirma que la Junta es incapaz de defender los intereses de uno de los sectores más afectados, el turismo
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García ha mostrado hoy su estupefacción por la respuesta ofrecida esta mañana por la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, a la pregunta realizada por Izquierda Unida en Pleno con respecto a la supresión del tren Alvia directo entre Cádiz y Madrid de las 1900 horas, así como la supresión de venta de billetes de largas distancias en las estaciones de El Puerto de Santa María y San Fernando.
García critica que para justificar esta situación, la consejera se limitara a decir que no es la presidenta de Renfe y que el Gobierno de la Junta, en colaboración con el Ministerio de Fomento, están realizando en estos momentos una buena inversión para el desdoble de la vía entre Cádiz y Sevilla, así como otras inversiones en el Campo de Gibraltar.
El parlamentario andaluz considera que, con independencia de las competencias, las decisiones tomadas por Renfe son de una gran impacto en la Bahía de Cádiz. García señala que la supresión de las oficinas de venta de billetes de largas distancias de El Puerto de Santa María y San Fernando deja sin atención a importantes núcleos de población, que forzosamente tendrán que desplazarse a Jerez o a Cádiz, únicas estaciones con capacidad para la venta de estos billetes; es malo para el turismo, para la población militar de San Fernando y para muchos otros colectivos.
Respecto a la eliminación del Alvia directo entre Cádiz y Madrid, el parlamentario andaluz recuerda que esto traerá aún más dificultades para lograr billetes desde Cádiz, puesto que los trenes hacia Madrid que paran en Sevilla y Córdoba ahora todos- suelen estar copados por población de estas localidades, que prefieren por economía, el Alvia al AVE, restando las posibilidades para adquirir billete desde Cádiz.
Para el diputado andaluz, lo que ocurre es un un ejemplo más de la actitud genuflexa de la Junta de Andalucía para con el Gobierno estatal; el Gobierno andaluz es incapaz de reclamar lo que le corresponde a la Junta ni de defender los intereses de uno de los principales sectores de la región, como es el turismo, que será el que se vea más afectado por esta decisión.
