Los trabajadores de la Mancomunidad apoyan la creación de la plataforma para exigir a los Ayuntamientos que cumplan las sentencias judiciales.
Un año después del precipitado anuncio del cierre de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, los alcaldes de la Mancomunidad están recibiendo continuas sentencias condenatorias de los trabajadores y proveedores. Esta lluvia de sentencias condenatorias coincide con la aprobación del Informe de Liquidación por la Comisión Liquidora constituida por representantes de los ayuntamientos, que cifra la deuda en más de 50 millones de euros, de los cuales casi la mitad los han generado la presidenta Fernández desde el anuncio del cierre, según reconoce un informe del 2010 para el saneamiento de la Mancomunidad.
De ellos, sólo siete corresponden a la deuda con los trabajadores. Recordemos que los acaldes despidieron a más de 500 trabajadores sin pagarles, en algunos casos, más de un año de salarios, y sin abonar las indemnizaciones legales. Tras los embargos de la Seguridad Social y Hacienda, los Ayuntamientos están recibiendo ahora continuas sentencias condenatorias de los trabajadores despedidos que están ignorando. Los trabajadores apoyan activamente la creación una plataforma con el fin obligar a los alcaldes a asumir sus obligaciones.Entre las medidas que proyecta la recién creada plataforma, está la de ejercitar acciones penales contra la presidenta de la Mancomunidad y todos los alcaldes, por incumplimiento de sentencia y malversación de fondos públicos, enfocando inicialmente las acciones contra los alcaldes que no han querido aprobar el resultado de la liquidación, que fueron los de Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar y Rota.
Casi dos años después desde que los alcaldes dejaran de atender sus pagos en la Mancomunidad, tanto trabajadores como proveedores siguen sin cobrar y los alcaldes sin asumir sus responsabilidades tanto económicas como políticas.
SevillaPress
