El coordinador provincial, Fernando Macías, critica que “el Gobierno andaluz ha aprovechado que los alcaldes están en primera línea de combate del coronavirus para colar cambios que pueden alterar el futuro de nuestros pueblos”
La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz se ha mostrado satisfecha por los primeros pasos dados por el Gobierno central para llevar ante el Tribunal Constitucional el “decretazo” de la Junta de Andalucía por el que se han modificado 21 leyes y 6 decretos que afectan de manera especial a cuestiones relacionadas con la construcción, el turismo o el comercio.
El coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías, considera “absolutamente injustificado que se hayan introducido modificaciones que pueden afectar al futuro de nuestros pueblos y de la provincia en su conjunto, sin ningún tipo de consenso, aprovechando que los alcaldes estamos en primera línea de combate del coronavirus y con escasa capacidad de maniobra de los grupos parlamentarios”. Así, el dirigente provincial confía en que el informe solicitado por el Gobierno al Consejo de Estado para ver si finalmente se puede recurrir el Decreto-ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva de Andalucía “sea favorable y se pueda dar marcha atrás en este sinsentido de la derecha andaluza”. Afirma Macías que “el cúmulo de normas a las que afecta tiene una clara intención del gobierno andaluz de que sus efectos vayan más allá de la reactivación de la economía en época de Covid-19” y añade que “la terrible situación que viven nuestros pueblos ha sido la excusa perfecta para que la derecha vuelva a rendirse a los intereses de los especuladores, dándole de nuevo la espalda a la necesidad de desarrollo sostenible que tiene nuestra provincia y el resto de Andalucía”.
Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, uno de los municipios que más ha combatido en las últimas décadas la especulación urbanística y que podría verse fuertemente afectado por la flexibilización de la normativa andaluza, considera el decreto “un verdadero despropósito, porque viene a modificar multitud de leyes y decretos sin que esté justificada en ningún momento la urgencia”. Afirma Bermúdez que “el modo que se ha utilizado está fuera de lo común, dada la cantidad de legislación afectada y el calado de las modificaciones que se han realizado vía decreto, es totalmente rechazable”, recrimina.
El primer edil conileño y representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) censura, además, que esta injustificada tramitación “ha impedido la participación de agentes económico y sociales que se ven afectados de manera directa por los cambios jurídicos y por las reformas llevadas a cabo”. “Tenemos muchas dudas por la legalidad del decreto y su vigencia –afirma el alcalde-, se vienen a cambiar cuestiones importantes que tienen que ver con tema urbanísticos, se sustituyen los planes especiales y proyectos de actuación en suelos no urbanizables para diferentes infraestructuras por un mero informe y se eliminan los planes de evaluación ambiental estratégica, algo fundamental para el control de lo que se hacía en suelos no urbanizables”. Asimismo, critica la modificación de la normativa que afecta a los campos de golf y que elimina trabas para su construcción. Apunta Bermúdez que el decreto de la Junta “abre la puerta a la cultura del ladrillazo y el pelotazo que hemos vivido durante muchos años en Andalucía y que se ha demostrado por activa y por pasiva que no era la correcta”, y recuerda que los campos de golf, con las urbanizaciones que llevan aparejadas, son “la excusa que servía para la especulación”.
Por otro lado, el representante de IU en la FAMP lamenta las “modificaciones de calado importante que afectan de manera directa al pequeño comercio, a los autónomos de pequeños pueblos, con la liberalización de los horarios comerciales, aumentando el número de días que se puede abrir y aumentando el número de días en el año, con lo que se demuestra que no está justificada la urgencia y que se trata de un decretazo en época de pandemia no justificado, una vuelta atrás, sobre todo en materia de urbanismo”.
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SevillaPress
