La portavoz del PSOE, María Naval ha explicado hoy que los motivos por los que han decidido no llegar a ningún acuerdo de gobierno con el actual Alcalde se debe a la existencia de dos demandas formalizadas e interpuestas por el Ayuntamiento de Chipiona hacia Luis Mario Aparcero, una en el Tribunal de Cuentas por vía administrativa y otra en la Fiscalía, relacionadas con el mismo expediente “La interventora puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas informes donde se habla de irregularidades y presunta malversación de fondos públicos con continuas advertencias de ilegalidades en términos de pagos de nóminas” ha afirmado Naval.
María Naval informa de la existencia de diligencias abiertas por parte del Tribunal de Cuentas de 2019 a 2021 que suman casi 900.000 euros pagados indebidamente, quedando aún pendiente 2022 y 2023.
“Mis competencias como Delegada de Hacienda y Personal durante estos cuatro años han sido velar por el buen funcionamiento municipal y fiscalizar los recursos económicos, por ello me he visto en la obligación de firmar toda la documentación que ha sido remitida al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía ya que me debo al pueblo de Chipiona y no a un Alcalde que no ha hecho por rectificar estas malas prácticas sino que además se han ido aumentando” ha destacado Naval.
La Portavoz Socialista ha explicado que desde Personal se ha realizado y aprobado la regulación y valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento que no se hacía desde 1992 regulándose así las funciones de cada puesto de trabajo y que ante la disconformidad por parte de la Policía Local se aceptaron nuevas propuestas que tampoco resultaron suficientes y que dieron lugar a una huelga, ha afirmado. Es en mayo de 2022 afirma Naval, cuando “el Alcalde sin consultar hace un decreto en el que se recogen una serie de gratificaciones y dice que él de manera personal asumiría los informes de ilegalidad que irían adjuntos en la nómina. Desde ese momento la Interventora le traslada que informaría negativamente sobre ese documento y de la ilegalidad puesto que se entiende que son conceptos abonados ya en la nómina y se daría un duplicidad de pagos”
Por otro lado se informa, afirma María Naval, de ilegalidad de horas extra que no proceden, por un lado porque la Asesora Jurídica entiende que la Policía Local no ha pasado los cuadrantes de manera clara y por tanto no se cumplía la jornada laboral y por otro por una serie de festividades durante la pandemia que no se correspondían. “el alcalde entonces comienza a dar orden de pago de esas horas extra y comienza el problema a pesar de las advertencias de la interventora”.
María Naval ha afirmado que en muchas ocasiones ha solicitado que cesaran estas prácticas con informes de ilegalidad a los que ha hecho caso omiso y ha explicado que sería el Alcalde con su patrimonio el que tendría que responder. También ha querido aclarar que “la Interventora no se marchó porque acabar su contrato ya que es una habilitada estatal sino que es el Alcalde el que rechazó la comisión de servicio”. También ha informado que hasta en dos ocasiones ha pedido que se revocaran sus funciones con reconocer alguna obligación contable debido a la situación que se estaba viviendo “ya que podría verme muy perjudicada como cargo público”.
Finalmente ha destacado que los Portavoces y el Equipo de Gobierno son conocedores de esta situación y “no entenderíamos que volvieran a forjar un acuerdo dando la Alcaldía a una persona fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.
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