La población reclusa en los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla efectuó en 2005 un total de 2.027 consultas sobre cuestiones de derecho penitenciario a los letrados adscritos al Servicio de Orientación y
Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp) del Colegio de Abogados de Sevilla, lo que supuso un incremento del 21,96 por ciento respecto de las consultas atendidas el año anterior.
Desde que el Colegio creó en junio de 2001 ese servicio, en virtud de convenios con Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, los 40 letrados especializados que lo prestan han incoado ya más de 8.000 expedientes de asesoramiento a internos del Centro Penitenciario de Sevilla, Psiquiátrico Penitenciario y Centro de Mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), relativos a la vida del recluso en prisión, permisos, clasificación y traslados de centro penitenciario.
Según el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, en declaraciones a Europa Press, estos datos evidencian la consolidación definitiva de un servicio socialmente muy importante, que al crearse fue pionero en España y que cada vez genera más confianza entre la población reclusa, lo que explica el constante incremento de asistencias durante estos primeros cinco años de funcionamiento, con un resultado
altamente satisfactorio.
Los letrados atienden a los internos sin rejas, en unos despachos habilitados en el interior de los centros, teniendo acceso al expediente del consultante, lo que permite realizar un seguimiento eficaz de la vida
penitenciaria del interesado.
La Memoria 2005 de este Servicio constata el continuo incremento de la población reclusa a causa de las reformas penales y penitenciarias realizadas por el anterior Gobierno, lo que según ese documento está
provocando la provocando en muchas ocasiones la vulneración de los derechos al cumplir la pena en centros cercanos al lugar de residencia y a disponer de celdas individuales.
Tras la queja que el Colegio elevó en 2002 al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sobre las continuas dificultades en el traslado de los internos a las consultas médicas externas, que entonces fue acogida por el
Juzgado, la Memoria constata que la situación ha mejorado aún cuando se continúan produciendo deficiencias y dilaciones imputables al bajo número de funcionarios policiales disponibles para custodiar esos traslados a los
centros médicos.
Gallardo confirmó que recientemente ese Servicio colegial ha planteado una nueva queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que aún se encuentra pendiente de resolución por la insuficiente asistencia
psiquiátrica que se presta a los internos en los centros sevillanos, ya que generalmente se limita a la visita quincenal de un psiquiatra, lo que es manifiestamente insuficiente y gravemente perjudicial para los internos con enfermedades psíquicas.
