Pretende evitar nuevos desmadres en urbanismo y obliga a los consistorios a realizar un inventario de construcciones.La cosa se pone dura, sobre todo para los alcaldes que en las elecciones municipales prometieron que no se iban a derribar casas ilegales y para los ciudadanos que les creyeron. La Junta de Andalucía pretende que ya no haya excusas municipales para frenar las construcciones ilegales. Los casos más importantes se encuentran en. El Puerto de Santa María, Chiclana y Sanlúcar-Chipiona. El flamante delegado del Gobierno Andaluz en Cádiz, Gabriel Almagro, ha tenido una reunión con los alcaldes de La Janda, Costa Noroeste y Bahía, para crear un plan de actuaciones contra el urbanismo ilegal. La Junta ha sido diáfana en este tema y prestará apoyo y colaboración a los ayuntamientos en las inspecciones y anuncia nuevas demoliciones.