Según Gallardo, el proceso de modernización de la maquinaria judicial española ha quedado "peligrosamente ralentizado" a nivel estatal y andaluz desde que en la anterior legislatura las fuerzas políticas rompieron el primer Pacto de Estado por la Justicia articulado por el entonces ministro de Justicia, José María Michavila.
Para el decano de los abogados sevillanos, que es uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española, aquel Pacto de Estado y los compromisos presupuestarios entonces alcanzados supusieron "la primera esperanza seria de que se produjese un punto de inflexión en la desoladora política judicial seguida hasta entonces".
Para José Joaquín Gallardo, la Justicia "es claramente una cuestión de estado que actualmente continúa precisando de un gran acuerdo- marco entre las distintas fuerzas para que finalmente pueda lograrse una administración de Justicia que sirva a la ciudadanía de manera medianamente aceptable".
El decano sevillano recordó que la última encuesta realizada hace unos meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre mas de cuatro mil abogados de las distintas comunidades autónomas arrojó una valoración del funcionamiento de la maquinaria judicial solo ligeramente superior a cinco punto sobre diez.
Se trata de una valoración "tan realista como preocupante, que evidencia la necesidad de lograr un segundo y definitivo Pacto del Estado por la Justicia", explicó.
El acuerdo anterior, a juicio de Gallardo, se rompió "por intereses claramente partidistas" tras una duración de un año y medio que a su juicio fue esperanzador porque comprometía "partidas presupuestarias importantes".
