El proceso judicial que se inició en octubre de 1999 para esclarecer el conocido escándalo político continúa, pues, su tramitación de tal modo que este mismo año podría celebrarse la vista.
Hay que recordar que el entonces concejal del PP Manuel Ramírez denunció que el por aquellas fechas secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar, Rafael García Raposo, quiso comprar su voluntad por 50 millones de las antiguas pesetas con la pretensión de que no acudiera a votar en la moción de censura que iban a presentar los populares y andalucistas contra el alcalde socialista, Agustín Cuevas, y en la que se elegiría como sustituto a Juan Rodríguez (PP), que encabeza el Gobierno local precisamente desde esa reunión del Pleno del Ayuntamiento.
Nueve personas fueron imputadas por tráfico de influencias, cohecho o ambos delitos a la vez, según cada caso. El mencionado auto habla finalmente de siete acusados, pues recoge el sobreseimiento provisional de las actuaciones relacionadas con el ex edil del PSOE José Luis Cuevas (ahora concejal de Alternativa Sanluqueña - AS- , que gobierna en coalición con el Partido Popular) y del empresario del sector inmobiliario Rafael Ávila.
Así las cosas, deberán comparecer como acusados en la Audiencia Provincial Agustín Cuevas, García Raposo y Ramírez, además del ex alcalde de Chipiona Luis Mario Aparcero, y los empresarios Fernando Moreno Ollero, Manuel Rodríguez y Fernando Moreno Rodríguez. La inclusión de Aparcero se fundamenta en su supuesta participación en el soborno al ofrecerle a Ramírez un puesto de trabajo en el Ayuntamiento chipionero.
En cuanto a las acusaciones sobre los empresarios sanluqueños, se basan en su presunta vinculación mediante la aportación de dinero o la promoción de contactos personales.
La abogada de la acusación particular del PSOE, Teresa Agudo, ha calificado de "razonable" el contenido del auto, por cuanto que "se juzgará lo que siempre pusimos de manifiesto y que el PP negaba por activa y por pasiva", en alusión al ex concejal popular Manuel Ramírez, que, desde su punto de vista, "no podía salir de rositas, porque tenía un papel importante".
A este respecto, ha expresado su "satisfacción", si bien ha subrayado que las siete personas citadas son, en la actualidad, "única y exclusivamente acusados", porque están amparados por el principio constitucional de presunción de inocencia.
El Tribunal del Jurado estará presidido por un magistrado que elegirá la Audiencia Provincial y por otras nueve personas seleccionadas - junto a dos suplentes- entre una veintena disponible como resultado de un sorteo.
