La Abogacía andaluza ha valorado muy positivamente el anteproyecto de ley de acceso a la Abogacía, aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros, que exigirá un periodo de formación práctica y la superación de pruebas de capacitación profesional a los licenciados en derecho que quieran ser abogados o procuradores a partir de 2012.
En declaraciones a Europa Press, el vocal del Consejo Andaluz del Colegio de Abogados y decano de los letrados sevillanos, Publicidad
José Joaquín Gallardo, señaló que la evaluación de la actitud profesional que instaurará la futura ley "equiparará por fin a los abogados españoles con sus colegas del resto de Europa, pues desde hace ya muchos años España es el único país europeo donde sólo se exige la licenciatura en Derecho para ejercer como abogado, sin necesidad de acreditar conocimientos prácticos sobre la profesión".
Para el decano de Sevilla, la regulación de acceso a la profesión "atiende a una reivindicación histórica de la Abogacía en beneficio de los usuarios de los servicios jurídicos que prestan los letrados y que los ciudadanos tendrán así garantizado que el abogado ha acreditado mediante una prueba objetiva su capacitación práctica".
Gallardo añadió que esta iniciativa legislativa del Ministerio de Justicia "no debe preocupar a los actuales estudiantes de Derecho ya que la ley proyectada entraría a los seis años de su publicación en el BOE, por lo que hasta entonces podrán acceder directamente a la Abogacía los actuales estudiantes de Derecho e incluso quienes inicien la licenciatura en el próximo curso académico".
Rechazó que el texto inicial aprobado por el Consejo de Ministros "ni limita el número de futuros abogados ni puede ser tachado de corporativista ya que sólo pretende mejorar la calidad de la asistencia letrada que se presta a los ciudadanos".
Gallardo concluyó que ese texto, según los abogados, reconoce las competencias formativas de la Universidad y las completa con la formación fundamentalmente práctica que imparten las escuelas de prácticas de los colegios de abogados, por lo que conjuga los intereses universitarios con los de la Abogacía en el proceso formativo de los nuevos abogados.
