LOS abogados venimos denunciando, con insistencia y meridiana claridad, que la Justicia no funciona y empeora por días. Reclamamos desde hace años un Pacto de Estado que logre poner en valor la Justicia, porque conocemos las muchas deficiencias del sistema y además somos plenamente conscientes de que es un bien básico y fundamental en el Estado social y democrático. Tenemos muy claro que no se puede
hablar seriamente de Estado de Derecho si no existen instrumentos suficientes y eficaces que garanticen adecuadamente la efectividad de los derechos individuales y colectivos. Sabemos que menospreciar la Justicia implica poner en riesgo la propia estructura constitucional del Estado.
Hasta ahora algunos habían preferido pensar que las reiteradas denuncias formuladas desde el Colegio de Abogados de Sevilla eran exageradas o respondían a inverosímiles motivos espurios e incluso partidistas, aunque las hemerotecas evidencien que nuestras críticas se han sucedido con igual contundencia siendo unas u otras las siglas de
los sucesivos Gobiernos de España. Pero al final los lamentables hechos recientemente acaecidos han propiciado que, por vez primera, todo el mundo judicial reconozca unánimemente que «la Justicia hace agua por todos lados» y que «el sistema simplemente no funciona». Autoridades judiciales de primer rango han manifestado públicamente lo que hasta ahora sólo eran comentarios en privado. Se ha evidenciado que la voz crítica de la abogacía no era catastrofismo gratuito, sino fiel reflejo de la triste realidad judicial que cada día padecemos.
En esta tesitura ya no pueden admitirse ni silencios complacientes ni inútiles intentos de ocultar o ignorar una situación que, cuando se vive y conoce en directo, resulta incluso más preocupante aún que la que estos días han reflejado los medios de comunicación social.
Es ya definitivamente la hora de que los ciudadanos obliguemos a actuar a nuestros políticos, para que por fin se comprometan seria y firmemente con el valor Justicia. Resulta inaplazable afrontar el reto de modernizar la estructura judicial y su sistema de funcionamiento, lo que obliga a los dos grandes partidos a consensuar entre sí y con las demás fuerzas políticas un gran Pacto de Estado, amplio y estable, que logre dar adecuada respuesta a las justas reivindicaciones de la ciudadanía.
No podemos continuar con un diseño de la Justicia más propio del siglo XIX que de los tiempos que corren. Precisamos profundas reformas estructurales. Es imprescindible establecer controles de calidad en el funcionamiento del servicio público judicial. Se precisan urgentemente más medios humanos y materiales, engarzados y estructurados en una nueva organización funcional de la anticuada maquinaria judicial. Reclamamos un servicio público moderno, ágil y útil para la sociedad. Y ahora más que nunca ese lamor es ya de la ciudadanía.
Así las cosas el principal reproche necesariamente ha de dirigirse hacia nuestros olíticos, que manifiestamente continúan minusvalorando la Justicia legislatura tras legislatura. Es inadmisible que su principal preocupación sea intentar politizar el órgano de gobierno de los jueces y la composición de los más importantes órganos jursdiccionales, mientras ignoran y desatienden las múltiples carencias del sistema.
Desde el Colegio de Abogados continuaremos reclamando el servicio público de calidad que la sociedad española se merece, pues somos conscientes de que en este momento esa reivindicación es nuestra principal responsabilidad social como corporación de derecho público, directamente vinculada a la Justicia y moralmente obligada con los
ciudadanos. Esperemos que los responsables políticos atiendan por fin ese clamor, que ahora ya es de cuantos les legitiman en sus cargos públicos y no sólo de los abogados. Treinta años después de promulgada la Constitución, en España está en peligro la Justicia y con ella el propio Estado de Derecho. Ahora más que nunca el Pacto de Estado por la Justicia resulta ya inaplazable.
SevillaPress
