El Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) y la Federación Interamericana de Abogados (FIA) ha celebrado el acto de entrega de la segunda edición del Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA en el hotel Villa Magna de Madrid, en la que el estudiante de quinto curso de la licenciatura de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, Salvador Guijo Pérez, se ha alzado con el Premio en la especialidad de Ética de la Abogacía. La convocatoria, a diferencia del pasado año cuando se estrenaron estos premios, se ha caracterizado por aumentar sus especialidades, que ahora han pasado a ser cuatro: Derecho Internacional (Público y Privado), Derecho Deportivo, Ética de la Abogacía y, como novedad, Derecho Fiscal y Tributario. Esta segunda edición, asimismo, también ha dividido sus premios en dos categorías, para estudiantes y para profesionales.
Los miembros del comité ejecutivo de los premios que presidieron la ceremonia han sido Alejandro Pintó Sala, fundador y presidente del ISDE; Antonio García Noriega, presidente del capítulo español de la FIA; Alfonso Hernández Moreno, vicepresidente del ISDE; Jorge Pintó Sala, director del Consejo Rector del ISDE; Juan José Sánchez Puig, director ejecutivo del ISDE; Beltrán Gambier, presidente del comité permanente de derecho administrativo de la FIA; y David Heredia Tapia, secretario del jurado del Premio.
Los premiados en esta segunda edición de estos galardones han sido condecorados con un diploma acreditativo del Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA 2010, una beca emérita para estudiar uno de los programas máster del ISDE, y una colección de libros compuesta por once volúmenes de la editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, así como un reloj. El encargado de entregar los premios ha sido José Luis González Armengol, Magistrado Juez Decano de Madrid.
Así, la especialidad en Ética de la Abogacía, el jurgado ha otorgado el premio en la categoría de estudiante sobre Salvador Guijo Pérez, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por su trabajo Ética y abogacía, que en su discurso de agradecimiento ha apuntado la importancia de la ética para el trabajo de abogado, aunque sea una materia un poco desvalorada. Mientras, en categoría profesional, el premiado ha sido Javier Prieto Conca, abogado de Vialegis Dutilh, por su trabajo sobre La equidad y los juicios de equidad.
En la especialidad de Derecho Internacional (Público y Privado) el premio ha recaído en la categoría de estudiante sobre Tomás Manfredi Barbeito, estudiante de la Universidad Europea de Madrid, por su trabajo sobre La necesidad de armonización de la normativa de Derecho Internacional Privado. En la categoría profesional, el premiado fue Patricia Aira González, Associate de Castro, Sueiro & Varela, por su trabajo sobre La empresa transnacional y su consideración jurídica en el Derecho Internacional.
En la rama de Derecho Deportivo, el premio en categoría estudiante ha sido para el holandés Daan de Jong, alumno del Master in International Sports Law del ISDE, por su trabajo The feasibility and desirability of new nationality rules in football. En categoría profesional se ha premiado a Miguel María García Caba, asesor jurídico de la Liga de Fútbol Profesional por su trabajo sobre Los derechos audiovisuales del fútbol español.
Por último, en la nueva especialidad de Derecho Fiscal y Tributario, el premio en categoría estudiante ha sido para Carmen Artigas Martínez, antigua alumna del Máster en Abogacía Internacional del ISDE, por su trabajo Artículo 208 de la Ley del Mercado de valores. En categoría profesional el premiado fue Alexandru George Lazar, abogado de Baker & McKenzie Barcelona, por su trabajo sobre La retribución de los administradores a la luz de las sentencias del Tribunal Supremo de 13 Nov. 2008. Comentario y crítica. En palabras del estudiante de la UPO galardonado, el trabajo aborda la moral y la ética en el ejercicio del derecho como el deber de imponerse ante cualquier situación irregular e insultante al sistema de justicia, que pretenda solapar la justicia con una virtud engañadora que conlleve a causar un daño moral o material irreparable a un ciudadano o que ponga en tela de juicio el digno y honorable papel que posee la administración de justicia en una determinada sociedad.
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