El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha acordado reclamar a todos los partidos políticos que se comprometan en esta campaña electoral a negociar y suscribir un pacto de Estado por la Justicia al inicio de la próxima legislatura, ya que el máximo órgano de la abogacía andaluza estima que ello "es imprescindible" para posibilitar la "profunda" reforma que exige el actual modelo de la Justicia española.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha informado de que esta petición ha sido acordada durante un encuentro mantenido este fin de semana en Antequera (Málaga) por el máximo órgano de la abogacía andaluza, compuesto por los decanos de los once colegios de la región --uno por provincia más los de Jerez de la Frontera (Cádiz), Lucena (Córdoba) y Antequera--.
En este sentido, el Consejo Andaluz ha considerado "imprescindible" este pacto de Estado por la Justicia "para que se pueda agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales; para evitar las dilaciones desproporcionadas e indebidas que actualmente se producen en numerosas ocasiones, y para trabajar al objeto de que pueda prestarse a los ciudadanos un servicio judicial más útil y eficaz que el que, actualmente, vienen recibiendo".
Según ha recordado Gallardo, en una de las mesas redondas del reciente Congreso Nacional de la Abogacía Española celebrado en Cádiz, "coincidieron en la necesidad de suscribir un pacto de Estado" los cuatro últimos ministros de Justicia, como son Juan Alberto Belloch, Ángel Acebes, José María Michavila y Juan Fernando López Aguilar.
En ese sentido, ha dicho que "el único acuerdo" entre los partidos políticos en ese sentido "se rompió por razones electorales en otoño de 2003, si bien fue el único proyecto serio para transformar en profundidad y modernizar el actual sistema judicial, que se viene manifestando caduco y trasnochado".
De este modo, los abogados andaluces entienden que, en ese pacto de Estado, "deben incluirse sistemas y métodos para controlar la calidad del servicio público judicial y para racionalizar los recursos que se vienen destinando a la Administración de Justicia", ya que todo ello "es absolutamente imprescindible para ofrecer a la ciudadanía una Justicia mejor y con una imagen pública más aceptable".
