El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha subrayado "la importancia que socialmente tienen" los abogados de oficio y de guardia para el correcto funcionamiento de la maquinaria judicial, algo que ha recordado con motivo del Día de la Justicia Gratuita que el Consejo General de la Abogacía celebra este miércoles en todos los colegios de abogados.
En declaraciones a Europa Press, el decano de los letrados sevillanos y también vicepresidente del Consejo General de la Abogacía ha lamentado que, socialmente, "no se reconozca la importancia" de esos servicios profesionales que en Sevilla prestan de manera voluntaria unos 2.000 abogados.
Según ha explicado, estos letrados asisten en funciones de guardia a todos los detenidos en dependencias judiciales y policiales de la provincia e igualmente asumen la defensa en turno de oficio de numerosos ciudadanos que padecen insuficiencia de recursos económicos y que sólo a través de los abogados de oficio pueden defender sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales.
Según los cálculos colegiales, en el periodo interanual comprendido entre julio de 2016 y julio de 2017 han sido beneficiarias de los servicios de justicia gratuita en la provincia más de 47.000 personas, entre los detenidos en todos los centros policiales y judiciales de la provincia y las designaciones en turno de oficio, que en los 12 meses analizados han superado los 34.000 casos.
De igual modo, y según estos mismos cálculos, los asuntos penales encabezan las designaciones de oficio con más de 17.500 asuntos en estos 12 meses, seguidos de las separaciones, divorcios y otros temas de familia, que han superado los 6.000 asuntos, y de las 2.795 designaciones para la defensa de mujeres víctimas de violencia de género.
Las guardias de detenidos en la provincia de Sevilla son prestadas por un promedio diario de 34 abogados, que garantizan la asistencia letrada en todas las comisarías, puestos de la Guardia Civil y juzgados de Instrucción de la provincia.
A juicio de Gallardo, "tanto a nivel andaluz como estatal, los políticos responsables de esta materia reconocen públicamente la importancia y calidad del servicio público que prestan los abogados de oficio, pero ello no se traduce en mejorar las condiciones económicas y de toda índole en las que los letrados han de prestar ese servicio".
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